Los informes Doing Business que realiza el Banco Mundial sobre las facilidades y trabas que ofrecen los países a la hora de hacer negocios sacan los colores a España de forma periódica.

En el último de estos estudios, correspondiente a 2012, la escasa flexibilidad para inaugurar actividades empresariales sitúa a nuestro país en el puesto 133 de un total de 183, muy por debajo de la mayor parte de los Estados desarrollados. En una economía globalizada, vertiginosa y cada vez más competitiva, la legislación española continúa cargando sobre los hombros de los emprendedores la obligación de esperar entre 6 y 18 meses para poder colgar el cartel de abierto en los establecimientos comerciales, una barrera coercitiva y anacrónica que ahoga la iniciativa empresarial y dificulta, por tanto, la creación de empleo.

Para neutralizar los perniciosos efectos económicos de ese cuello de botella, el Gobierno anunció el viernes que prepara una normativa que eliminará la obligación de solicitar la licencia de actividad para llevar a cabo la apertura de un establecimiento comercial. El texto, consensuado con los ayuntamientos, se aplicará únicamente a aquellas empresas que cuenten con menos de 250 trabajadores, una facturación inferior a 50 millones de euros y se instalen en superficies no superiores a los 300 metros cuadrados. Hay que lamentar que el sector turístico, es decir, bares y restaurantes, quede excluido del ámbito de aplicación de la normativa, bajo el argumento de que no figura bajo la categoría de comercio en la contabilidad nacional.

La eliminación de una barrera burocrática más a la actividad comercial en España constituye una noticia largamente esperada, especialmente por las pequeñas y medianas empresas. Se trata, sin duda, de un paso importante en la urgente reforma de un entramado legal que parece inspirado en una sospecha permanente hacia la actividad empresarial. Resulta muy difícil de justificar que los emprendedores españoles que desean abrir un negocio deban soportar un control administrativo previo que no existe en la mayor parte de los países de nuestro entorno y que no hace otra cosa que dificultar la actividad económica. El hecho de que se elimine la necesidad de contar con una licencia de actividad no implica que el sector comercial vaya a actuar sin ningún tipo de supervisión administrativa, sino que esta se realizará a posteriori y no antes de iniciar la actividad. Pese a que algunos colectivos, como las entidades privadas que gestionan licencias, se opondrán a la medida, si algo hay que censurar en ella es el hecho de no haber sido adoptada con anterioridad. España parece haber tenido que esperar a una crisis de virulencia desconocida para comenzar a derribar las barreras que hacen de la creación de empresas una verdadera carrera de obstáculos.

Fuente: foromarketing.com